La prevención de riesgos y el cumplimiento normativo se han convertido en temas cruciales para las empresas en Colombia. En este contexto, la Delegatura de Asuntos Contables y Económicos de la Superintendencia de Sociedades ha reforzado su labor de vigilancia, centrándose en la implementación y cumplimiento efectivo del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT) y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).
Recientemente, el superintendente delegado de asuntos económicos y societarios reveló que se han abierto 23 procesos sancionatorios contra diversas empresas por supuestos incumplimientos de estos sistemas. Además, informó que se han impuesto seis multas, que oscilan entre los 600 y 650 millones de pesos, por incumplimiento del SAGRILAFT, mientras que por no cumplir con el PTEE, tres sanciones totalizan alrededor de 1.300 millones de pesos.
Es importante destacar que estas sanciones no solo reflejan la intensificación de la vigilancia, sino también un incremento significativo en el valor de las multas impuestas. A pesar de que existe debate sobre la legalidad de algunas sanciones, según los límites establecidos por la ley para la Superintendencia de Sociedades, queda claro que las empresas deben ajustar sus procedimientos para reducir el riesgo de sanción.
Entre las fallas comunes que llevan a estas sanciones destacan la falta de aprobación de los programas dentro del plazo establecido, la no designación de oficiales de cumplimiento cualificados, y la falta de identificación de riesgos específicos según la operación de la empresa. Estos incumplimientos, aunque a menudo formales, han llevado a investigaciones y sanciones considerables, reflejando la rigurosidad de la Superintendencia en su tarea de inspección.
Con un aumento del 123% en las visitas presenciales de verificación del cumplimiento normativo, las empresas obligadas a implementar el SAGRILAFT y el PTEE deben asegurarse de que sus sistemas estén no solo en papel, sino efectivamente operativos y alineados con los riesgos de su negocio. El informe 75, antes considerado suficiente, ya no es garantía de cumplimiento. Por lo tanto, las empresas deben redoblar sus esfuerzos para ajustarse a las disposiciones de la Circular Básica Jurídica y evitar sanciones adicionales.
Implementar correctamente estos sistemas, más allá de una formalidad, es una necesidad urgente para mitigar tanto los riesgos inherentes al negocio como los riesgos regulatorios, en un entorno de fiscalización cada vez más estricto.